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Las CC.AA. son las responsables de determinar la superficie admisible de pastos con derecho a ayuda, según el Mapama

12/05/2017

 La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado ante el Senado que las comunidades autónomas son los organismos responsables de determinar la superficie admisible de pastos con derecho a ayuda. También ha apuntado que algunas comunidades aplicaron el coeficiente reductor establecido por la Comisión Europea y no fueron objeto de corrección financiera, y otras optaron por no hacerlo, por lo que son responsables de hacer frente a la corrección financiera.
En respuesta a una pregunta de la senadora Elena Víboras, García Tejerina ha explicado que la Comisión Europea advirtió en 2009 de la necesidad de excluir de los pastos con derecho a ayudas a aquellas zonas en las que el ganado no puede entrar a pastar.
En ese momento, ha añadido la ministra, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) transmitió la Declaración de la Comisión de 2009 a todas las comunidades autónomas, ese mismo año, ya que son las autoridades competentes a la hora de determinar la superficie admisible de los pastos con derecho a ayuda.
También ha explicado que la Comisión Europea fijó, en junio de 2016, una corrección financiera de 262 millones de euros por la falta de aplicación de un coeficiente reductor de la superficie de pastos, correspondiente a las ayudas que van desde los años 2009 y 2013
En este sentido, García Tejerina ha recalcado que el FEGA advirtió hasta en cinco ocasiones a las comunidades sobre la necesidad de establecer el coeficiente de admisibilidad de pastos exigido por la Comisión. “Y hubo comunidades autónomas que sí siguieron las instrucciones del FEGA, establecieron un coeficiente y éstas no han sido objeto de corrección financiera”. El resto de comunidades autónomas deberían haber actuado limitando la superficie admisible, tras la Declaración de la Comisión.
Por ello, el FEGA inició de oficio, en 2015, los procedimientos de repercusión de la corrección financiera, imputando a cada organismo pagador de cada comunidad autónoma sus propias responsabilidades.
No obstante, García Tejerina ha precisado que, en agosto de 2016, el Gobierno presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión, ya que la consideraba desproporcionada y no ajustada a derecho.
Al mismo tiempo, se ha conseguido aplazar en tres anualidades el pago, y la primera anualidad ya ha sido adelantada por parte de la Administración General del Estado, “ayudando de esta manera a las comunidades autónomas a que asuman el ejercicio de sus competencias”. En cualquier caso, García Tejerina ha asegurado que su Departamento seguirá trabajando para que la multa sea la menor posible.

El PSOE exige al Gobierno que asuma la multa “millonaria”

La portavoz del PSOE en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía, Elena Víboras, ha pedido de forma firme y contundente, que asuma la multa “millonaria” que Europa ha impuesto a España por no trasponer correctamente la directiva europea sobre la admisibilidad de pastos y, en consecuencia, que abone de manera inmediata la sanción impuesta por la Unión Europea de 262,88 millones de euros.

Durante la sesión de control, Elena Víboras, senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha trasladado a la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la preocupación de los socialistas ante esta sanción que inquieta y preocupa significativamente a 11 de las 17  Comunidades Autónomas y a los agricultores y ganaderos de casi toda España, reclamándole que el Gobierno central, “es decir, usted”, asuma “sin más dilación” la corrección impuesta por la Unión Europea, y le ha exigido que “no insista” en trasladar a las distintas autonomías la responsabilidad de “un error cometido por su Ministerio”.

En este sentido, Elena Víboras ha explicado que dicha corrección afecta a 11 comunidades autónomas y ha detallado que, de todas ellas, la mayor sancionada es Extremadura con 79,6 millones de euros, seguida de Andalucía con 63,6 millones de euros, Castilla y León con 57,6 millones de euros, Murcia con 1,8 millones de euros, La Rioja con casi 4 millones de euros y, así, hasta una suma que asciende a 262,8 millones de euros.

Al hilo de ello, ha hecho hincapié en que nos encontramos ante una sanción impuesta por Bruselas porque el Gobierno “no ha hecho sus deberes correctamente” y ha aplicado “mal” una normativa europea. En este punto, ha reprochado a la Ministra de Agricultura que resulta “inaceptable” que haya amenazado a las comunidades autónomas con descontar de la aplicación de la PAC los importes por los que han sido sancionadas y le ha recordado que muchas de ellas “les han llevado ya a los tribunales”, concretamente, al Supremo.

A mayor abundamiento, la senadora jienense ha señalado que las organizaciones agrarias han “alzado su voz”, mostrando todas ellas, sin excepción, su apoyo a que sea el Gobierno central quien asuma su error.

Por último, la portavoz socialista en Agricultura ha pedido a García Tejerina que trabaje para encontrar soluciones que eviten que las correcciones financieras dañen a los trabajadores del campo. “No someta de nuevo a los agricultores y ganaderos a más vicisitudes e incertidumbres de los que ya tiene intrínsecamente este sector tan complejo”, ha zanjado.